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El cobre concentra gran parte de las expectativas económicas en San Juan, aunque sus habitantes manifiestan una clara preferencia sobre el destino de sus beneficios. Según una encuesta privada de Poliarquía Consultores realizada en junio, a partir de una muestra de 200 casos a la que accedió Clarín, el 80% de los sanjuaninos sostiene que los beneficios de la producción cuprífera deberían favorecer principalmente a la provincia. El 18% opina que deberían distribuirse entre San Juan y el resto del país.
Esta preferencia local se intensifica cuando se aborda el tema del empleo: el 75% se opone a que lleguen trabajadores de otras provincias o países para cubrir puestos en San Juan, mientras que en 2024 esta proporción era del 64%.
El respaldo a la producción de cobre se mantiene mayoritario, con un 63% a favor y un 13% en contra. No obstante, la aprobación descendió respecto a diciembre de 2023, cuando alcanzaba el 70%. En el mismo período, el porcentaje de personas que no respondieron o no definieron una posición aumentó del 17% al 24%.
El debate se enmarca en una ley de desarrollo local vigente en San Juan, que busca alcanzar un 80% de empleo minero sanjuanino y canalizar al menos el 60% de las compras de bienes y servicios hacia empresas provinciales. El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aclaró que estos porcentajes son metas y no condiciones automáticas de contratación. “¿Cómo te puedo exigir con una ley que compres lo más caro?”, señaló en diálogo con Clarín. Explicó que el objetivo es que los proyectos empleen proveedores locales porque pueden responder mejor a sus necesidades, no solo por una obligación legal.
La disputa por los contratos mineros también se refleja dentro de San Juan, donde funcionan al menos 15 cámaras y asociaciones de proveedores y servicios. Seis de estas representan a empresas vinculadas con Iglesia, dos con Calingasta y una con Jáchal, los departamentos más próximos a los principales proyectos mineros.
A estas se suman entidades provinciales, interdepartamentales y especializadas por actividad, lo que también genera debates sobre qué departamento debe recibir esas oportunidades cuando se habla de proveedores “locales”. Las seis organizaciones identificadas con Iglesia son CESI, CAPRESMI, CAISMI, CADEMI, la Cámara Minera Iglesiana Tierra Minera y AITURIC. En Calingasta se encuentran CAEMCA y CASEMICA; en Jáchal, CAPSEMIJA. Esta variedad de entidades evidencia que la representación de los proveedores tiene una escala tanto departamental como provincial.
La discusión adquirió también relevancia nacional la semana pasada, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, tras reunirse con ejecutivos de Vicuña y Glencore —empresas que impulsan grandes proyectos de cobre en San Juan— y Río Tinto, que el 29 de octubre en Rosario se realizará la primera Ronda de Negocios RIGI. Este encuentro tiene como objetivo vincular a grandes inversores mineros con proveedores de bienes y servicios de todo el país.
Mientras las expectativas por el cobre crecen en San Juan, también se percibe una preocupación inmediata: el 45% de los consultados expresó estar muy o bastante preocupado por perder su trabajo o su principal fuente de ingresos. Aunque los grandes proyectos prometen dinamismo económico, su desarrollo llevará años, mientras la demanda por empleo y contratos locales ya se encuentra instalada.
